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La presión internacional sobre el régimen venezolano ha alcanzado un nuevo umbral. Estados Unidos ha reactivado y reforzado una de sus medidas más contundentes contra el círculo de poder en Caracas: una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura del presidente Nicolás Maduro, una cifra sin precedentes en la política exterior reciente del país norteamericano. La DEA, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado han resucitado este paquete de sanciones y recompensas como parte de su renovada ofensiva contra lo que definen como “una estructura criminal transnacional que opera desde Venezuela”.
La acusación es grave y específica: el régimen de Maduro, junto con altos mandos civiles y militares, habría convertido al Estado venezolano en un narcoestado funcional, utilizando sus instituciones para facilitar el tráfico masivo de cocaína a través de América Latina hacia Estados Unidos. Según las investigaciones federales, Maduro y sus colaboradores lideran el llamado “Cártel de los Soles”, una red que no solo protege cargamentos y rutas, sino que participa activamente en las operaciones logísticas y financieras del narcotráfico. La acusación lo sitúa en el mismo nivel que líderes de cárteles mexicanos o colombianos, con un agravante: el poder de Estado como escudo.
La escalada de Washington no se da en el vacío. Llega en un momento de máxima tensión geopolítica, cuando las negociaciones entre la oposición venezolana y el gobierno de Maduro se encuentran estancadas, y cuando las sanciones económicas siguen estrangulando a la economía venezolana sin lograr un cambio político efectivo. Donald Trump ha prometido mano dura contra regímenes como el venezolano.
En Caracas, la reacción no se ha hecho esperar. Maduro calificó la medida como una “agresión imperialista desesperada” y aseguró que es parte de una estrategia para desestabilizar a Venezuela antes de las elecciones presidenciales previstas para 2026. El gobierno bolivariano sostiene que se trata de un montaje judicial con fines políticos, impulsado por intereses petroleros y geoestratégicos.
Pero la narrativa internacional es otra. Organismos multilaterales, ONGs de derechos humanos y líderes de oposición ven esta medida como un intento —aunque simbólico— de poner límites al autoritarismo regional. La recompensa también envía un mensaje a quienes aún sostienen al régimen desde adentro: la impunidad no está garantizada y el cerco diplomático y judicial puede activarse en cualquier momento.
En medio de este tablero de alta tensión, millones de venezolanos siguen siendo víctimas colaterales. El colapso económico, la migración forzada, la violencia institucional y el desmantelamiento del sistema democrático han generado una de las crisis humanitarias más profundas del continente. Mientras las recompensas circulan como fichas en un juego de presión internacional, la solución política sigue sin aterrizar.
Estados Unidos ha apostado, una vez más, por el camino de la presión. La pregunta, sin embargo, persiste: ¿puede una recompensa cambiar el rumbo de un régimen que ha sobrevivido a sanciones, aislamiento y denuncias internacionales? La historia reciente de Venezuela sugiere que el cambio no será inmediato. Pero este paso podría ser una señal de que la comunidad internacional no está dispuesta a normalizar lo que considera inaceptable. Y en ese escenario, cada dólar ofrecido tiene un peso más simbólico que económico: el de la justicia pendiente.
