En un país donde la violencia se ha vuelto rutina, ser periodista es, cada vez más, una sentencia de riesgo. México registra en 2025 un ritmo escalofriante: casi dos periodistas asesinados al mes, según datos oficiales recopilados hasta julio. Las cifras, lejos de disminuir, confirman una tendencia estructural que posiciona al país como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
El ataque no es nuevo, pero la frecuencia, la impunidad y la saña con la que se ejecutan los crímenes reflejan una degradación alarmante del espacio público y una amenaza directa al derecho a informar y ser informado.
De enero a julio de 2025, nueve periodistas han sido asesinados en distintas regiones de México, la mayoría vinculados a coberturas de crimen organizado, corrupción política o denuncias sociales en medios locales. Muchos trabajaban en condiciones precarias, sin seguridad, en municipios controlados por mafias y con escaso respaldo institucional.
La violencia contra la prensa no solo mata cuerpos: mata información, cierra voces, desaparece realidades incómodas. En estados como Guerrero, Veracruz, Michoacán y Zacatecas, hay zonas enteras donde los medios ya no se atreven a reportar temas sensibles. La autocensura, dicen los colegas, se ha vuelto una forma de sobrevivir.
“Estamos solos”, confiesa un reportero anónimo desde Sinaloa. “Cuando matan a un periodista, el Estado aparece para contar el cadáver, pero no para prevenir el crimen ni castigar a los culpables”.
Según organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras, más del 95 % de los asesinatos de periodistas en México quedan impunes. Las fiscalías locales no tienen recursos, voluntad o independencia para investigar con eficacia, y el mecanismo federal de protección para periodistas —creado en 2012— se ha visto rebasado y, en muchos casos, deslegitimado.
A ello se suma una creciente hostilidad política: desde tribunas oficiales se ha alimentado la desconfianza hacia los medios, tildándolos de “adversarios”, “conservadores” o “desestabilizadores”. En un contexto así, los agresores encuentran terreno fértil para actuar sin consecuencias.
A pesar del miedo, hay quienes siguen. Reporteros que documentan desplazamientos forzados, feminicidios, extorsiones, despojos territoriales. Que caminan solos, graban con celulares, publican en redes o medios alternativos. Que, sabiendo que no hay garantías, deciden ejercer su oficio porque callar sería traicionar la verdad.
“Seguimos informando porque es lo que sabemos hacer”, dice la reportera Gloria Muñoz Ramírez. “Pero también porque es un acto de resistencia frente a un país que parece haberse acostumbrado a vivir en la oscuridad”.
La responsabilidad recae en múltiples niveles. Los gobiernos federal, estatales y municipales han fallado en proteger a quienes informan. Pero también las empresas de medios —sobre todo las locales— tienen una deuda pendiente en brindar condiciones mínimas de seguridad, formación y respaldo legal.
Frente a esta emergencia, los llamados a una política integral de protección y justicia se multiplican. Pero mientras no se ataque la raíz —la alianza criminal entre política, poder local y crimen organizado—, los periodistas seguirán cayendo.
México está ante una disyuntiva crítica. Proteger a la prensa no es un gesto simbólico: es una condición para preservar la democracia. Cada periodista asesinado es un ciudadano menos informado, una comunidad más vulnerable, un paso atrás en la construcción de un país con derechos.
En 2025, el mapa mexicano se sigue tiñendo de luto. Y mientras la impunidad marque el pulso de la justicia, la libertad de prensa seguirá escribiéndose, tristemente, con sangre.
