La Corte Suprema de Justicia de El Salvador, alineada con el oficialismo, ha despejado el camino para que el presidente Nayib Bukele busque la reelección inmediata, desatando una tormenta de críticas tanto dentro como fuera del país. La reciente decisión de la Sala de lo Constitucional pone en entredicho la separación de poderes y revive temores históricos sobre la concentración autoritaria del poder en América Latina.
Bukele, una figura tan popular como polémica, ha sabido capitalizar el desencanto de los salvadoreños con los partidos tradicionales, posicionándose como un líder disruptivo, moderno y eficaz. Sus estrategias de seguridad, en especial el régimen de excepción que ha llevado a la detención masiva de miles de presuntos pandilleros, han sido aplaudidas por amplios sectores de la población que vivían bajo la sombra del crimen organizado. Pero su estilo de gobierno, basado en una narrativa de confrontación, opacidad institucional y concentración del poder, ha generado fuertes cuestionamientos sobre el rumbo democrático del país.
Con la nueva resolución judicial, se flexibiliza la interpretación del artículo constitucional que prohibía la reelección inmediata. La misma sala que en 2014 consideraba “inconstitucional” dicha aspiración, ahora —bajo una nueva composición afín al presidente— la declara legítima, argumentando que es el pueblo quien debe tener la última palabra en las urnas. Esta reinterpretación, sin embargo, se da en un contexto donde las instituciones están cada vez más subordinadas al Ejecutivo, el Congreso ha sido cooptado por la mayoría oficialista y las voces críticas enfrentan hostigamiento y censura.
La comunidad internacional, organismos de derechos humanos y observadores democráticos han reaccionado con preocupación. Desde Washington hasta Bruselas, pasando por la OEA y Human Rights Watch, el consenso es claro: la posibilidad de reelección inmediata en un entorno de debilitamiento institucional sienta un precedente peligroso en una región históricamente marcada por los caudillismos y el retroceso democrático.
Para muchos salvadoreños, la estabilidad alcanzada en materia de seguridad parece justificar el sacrificio de contrapesos. El “modelo Bukele” —con su mezcla de tecnología, populismo digital y mano dura— ha sido exportado como referencia a otros países, mientras que sus críticos alertan sobre la erosión silenciosa de las libertades democráticas. La pregunta ya no es solo si Bukele podrá reelegirse, sino qué quedará del sistema republicano tras su segundo mandato, de concretarse.
Lo que está en juego en El Salvador no es únicamente una elección presidencial, sino la vigencia de los límites constitucionales frente al poder personalista. En un país donde la memoria de las dictaduras aún sangra, la reelección no es solo un derecho electoral: es una prueba de fuego para el equilibrio democrático.
