La política migratoria de Estados Unidos suma una nueva y polémica capa de restricciones. En un giro que ha despertado críticas en múltiples frentes, el gobierno estadounidense anunció que evalúa implementar un programa piloto que impondría fianzas de hasta 15,000 dólares a ciertos solicitantes de visas de turista. La medida, aún en etapa preliminar, forma parte de un intento por reforzar el cumplimiento de los plazos de estadía autorizada y reducir la tasa de personas que permanecen en el país una vez expirado su visado.
De concretarse, esta exigencia recaería sobre ciudadanos de países con altos índices históricos de “overstay”, es decir, aquellos cuyos visitantes frecuentemente se quedan en EE. UU. más allá del tiempo permitido. Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, este fenómeno representa uno de los principales desafíos en el control migratorio, especialmente entre turistas con visa tipo B-2. El programa no se aplicaría de manera indiscriminada, sino a través de un esquema focalizado, aunque aún no se ha detallado qué nacionalidades serían objeto de esta medida ni bajo qué criterios.
La iniciativa ha generado una fuerte respuesta por parte de organizaciones de derechos civiles, sectores de la industria turística y gobiernos extranjeros, que la consideran discriminatoria, económicamente disuasiva e incluso contraproducente. Imponer un depósito de miles de dólares podría cerrar la puerta a visitantes legítimos con recursos limitados y podría minar décadas de esfuerzos diplomáticos para fortalecer los lazos entre Estados Unidos y países aliados, particularmente en América Latina, África y Asia.
Defensores de la medida argumentan que se trata de una herramienta temporal de cumplimiento, donde el monto depositado sería reembolsado al visitante una vez que abandone el país conforme a las reglas establecidas. Aseguran que este tipo de garantías económicas ya han sido utilizadas en otras jurisdicciones del mundo y que podrían mejorar la tasa de cumplimiento sin necesidad de implementar procesos más costosos de control migratorio interno. Sin embargo, críticos señalan que el costo humano y diplomático podría superar con creces cualquier beneficio administrativo.
La administración actual ha reiterado que se trata de un “programa de prueba” y que su implementación dependerá de los resultados preliminares y del diálogo con aliados estratégicos. Pero el anuncio ya ha dejado su huella: ha encendido un debate sobre la creciente burocratización de las fronteras, el acceso desigual a la movilidad internacional y la forma en que Estados Unidos proyecta su política de puertas abiertas al resto del mundo.
En un escenario global donde el turismo se recupera tras años de disrupción por la pandemia, medidas como esta podrían enviar señales contradictorias. La promesa de hospitalidad y apertura compite, cada vez más, con barreras económicas y simbólicas. Y aunque el objetivo declarado sea asegurar el cumplimiento migratorio, el mensaje que se transmite —para muchos— es el de una desconfianza preventiva que amenaza con transformar el acto de viajar en un privilegio blindado por garantías financieras.
Estados Unidos se enfrenta, una vez más, al delicado equilibrio entre seguridad y accesibilidad. El rumbo que tome este programa piloto dirá mucho sobre cómo el país quiere ser percibido en una era de creciente movilidad global. Y también sobre quién podrá —y quién no— cruzar sus fronteras.
