B’Tselem y Physicians for Human Rights-Israel han roto el silencio en Israel al emitir acusaciones históricas: califican como genocidio la ofensiva del gobierno israelí en Gaza. Ambos informes, presentados el 28 de julio, documentan una campaña “coordinada y deliberada” que busca destruir la sociedad palestina. B’Tselem habla de declaraciones de autoridades israelíes y patrones sistemáticos de violencia, mientras Médicos por los Derechos Humanos se centra en la destrucción del sistema sanitario de Gaza. El saldo: casi 60,000 muertos, entre ellos miles de niños, según reportes locales .
Estas organizaciones se convierten en las primeras voces israelíes reconocidas que usan públicamente el término “genocidio”, un giro significativo en un país marcado por su propia historia de holocausto. Su peso moral surge del contexto interno que desafía la narrativa oficial del Estado .
El gobierno israelí negó las acusaciones, calificándolas de “infundadas” y argumentando que sus acciones constituyen defensa legítima contra Hamas. La duración del conflicto —desde el ataque de octubre 2023— ha dejado un rastro devastador en la infraestructura, el desplazamiento civil y el colapso humanitario en Gaza .
La comunidad internacional ha respondido con creciente alarma. Sudáfrica presentó una demanda en la Corte Internacional de Justicia acusando a Israel de genocidio, respaldada por cerca de 100 países. Un informe de la ONU señala que Gaza atraviesa un escenario de hambruna “extrema”, con ingresos de ayuda diarios insuficientes y una debacle sanitaria sin precedentes .
Este golpe ético y legal desde dentro de Israel abre un nuevo capítulo en el debate internacional: cuestiona la inmunidad moral del Estado, revisa la narrativa de guerra justa y tensiona la responsabilidad colectiva. Más allá de retórica formal, estas denuncias urgentes ponen en jaque a aliados, demandan intervenciones reales y exigen rendición de cuentas. La palabra “genocidio” deja de ser un calificativo académico para convertirse en una demanda cívica y moral global.