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La Casa Blanca vivió un nuevo sacudón político con el despido fulminante de un alto funcionario del Departamento de Trabajo por parte del presidente Donald Trump, quien acusó al burócrata de entregar cifras de empleo “engañosas” que podrían perjudicar la narrativa económica de su administración en plena campaña por la reelección. El episodio, que revela la creciente presión del mandatario sobre las agencias federales, pone en entredicho la independencia técnica de las estadísticas laborales y reaviva los temores sobre una politización cada vez más profunda del aparato gubernamental.
Según fuentes cercanas al Ejecutivo, la decisión fue motivada por la publicación de un informe de empleo que mostró una desaceleración inesperada en la creación de nuevos puestos de trabajo durante el segundo trimestre de 2025. Aunque los datos se ajustaban a las tendencias macroeconómicas globales —marcadas por la inflación persistente y la moderación del consumo— Trump interpretó las cifras como una traición interna, convencido de que el contenido del reporte había sido manipulado para sabotear su agenda electoral.
El funcionario despedido, cuya identidad fue reservada inicialmente por razones de seguridad, era uno de los responsables técnicos del Bureau of Labor Statistics (BLS), una agencia históricamente protegida de interferencias políticas por su papel clave en la medición objetiva del mercado laboral. Su salida forzada encendió alarmas en círculos académicos, gremiales y legislativos, que advierten sobre un peligroso precedente: la subordinación de la evidencia económica al cálculo político.
Para Trump, sin embargo, el control del relato es tan vital como el desempeño mismo de la economía. En discursos recientes, el mandatario ha repetido que Estados Unidos está “creando empleos como nunca antes” y que “los números falsos” solo buscan desacreditarlo. Este discurso encuentra eco entre sus bases, pero ha generado tensiones con técnicos del propio gobierno que temen una erosión de la credibilidad institucional.
El despido también se produce en un contexto en el que la administración ha enfrentado cuestionamientos sobre el manejo de cifras en áreas clave como la inflación, el PIB y la pobreza. Varios reportes oficiales han sido objeto de ediciones posteriores, correcciones técnicas y, en algunos casos, demoras sospechosas en su publicación.
Expertos en gobernanza pública advierten que manipular —o simplemente presionar— a las agencias estadísticas puede tener efectos devastadores a largo plazo. La confianza en los datos oficiales es un pilar fundamental de la estabilidad económica y democrática. Sin ella, los mercados operan a ciegas, las políticas públicas pierden sustento técnico y los ciudadanos quedan atrapados en narrativas contradictorias.
El despido del funcionario laboral no es, entonces, un hecho aislado, sino un reflejo de un clima político donde la lealtad importa más que la evidencia. A medida que se intensifica la campaña presidencial, todo parece indicar que la batalla por los números será tan intensa como la de los votos. En la era Trump, incluso las estadísticas son campo de guerra.
