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La administración de Donald Trump ha lanzado una ofensiva nacional para enfrentar una de las crisis sociales más persistentes y controversiales en Estados Unidos: la falta de vivienda. Con la firma de una orden ejecutiva que ordena la creación de centros de tratamiento obligatorios para personas sin hogar con trastornos mentales o de adicción, Trump busca proyectar una imagen de control y firmeza prometiendo “restaurar el orden” en las ciudades estadounidenses.
La medida, anunciada como parte de su plataforma para “rescatar a las urbes del caos y la decadencia”, ha encendido de inmediato el debate político, ético y legal. Trump argumenta que las ciudades gobernadas por demócratas han permitido que la indigencia se salga de control, convirtiendo parques, estaciones y barrios enteros en “zonas sin ley” que afectan la seguridad, la salud pública y el bienestar económico. Su propuesta: intervenir de manera federal para internar a personas sin hogar en instalaciones especiales que combinen atención médica, rehabilitación y custodia, muchas veces sin su consentimiento.
Desde la Casa Blanca se justifica esta política bajo el argumento de “protección a terceros” y de “interés superior del Estado”. Pero organizaciones de derechos civiles y expertos en salud mental han reaccionado con preocupación. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) advirtió que una política de internamiento obligatorio podría violar la Constitución, en particular los derechos a la libertad individual, al debido proceso y a la privacidad. “La solución al problema de la falta de vivienda no es encerrar a la gente, sino garantizar vivienda asequible, servicios de salud y oportunidades económicas”, afirmaron voceros del organismo.
La realidad del problema es innegable: más de 650,000 personas viven en situación de calle en Estados Unidos, de acuerdo con el último censo federal, y un porcentaje significativo enfrenta trastornos mentales graves, adicciones o condiciones de salud crónicas. En ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Nueva York, el fenómeno ha adquirido dimensiones críticas, generando presión política sobre autoridades locales. Pero el enfoque de Trump rompe con las estrategias tradicionales centradas en derechos humanos, para adoptar una lógica de control institucional que recuerda a políticas de la era de las instituciones psiquiátricas masivas.
Los defensores de la medida, sin embargo, sostienen que se trata de un “mal necesario”. Algunos alcaldes conservadores y líderes comunitarios afirman que el modelo actual —basado en refugios temporales, centros de día y programas voluntarios— ha fracasado, y que se requiere una intervención más robusta, incluso coercitiva, para revertir el deterioro urbano. También apelan a encuestas que muestran a una mayoría de votantes preocupados por la presencia visible de indigencia en espacios públicos.
Este tipo de propuestas no son nuevas, pero su implementación a escala nacional sí lo sería. En décadas anteriores, programas de “limpieza urbana” y criminalización de la pobreza han tenido efectos devastadores sobre las comunidades vulnerables, perpetuando ciclos de exclusión y estigmatización. Lo que plantea Trump, en esencia, es una reconfiguración del pacto social: del derecho a la vivienda al deber de institucionalización.
El costo humano y ético de una política de internamiento masivo puede ser muy alto, tanto para las personas afectadas como para la legitimidad democrática del país. En lugar de resolver el problema estructural de la vivienda, la orden ejecutiva de Trump amenaza con desplazar a las sombras, ocultándose tras muros médicos y discursos de orden. Y mientras millones de ciudadanos siguen sin un techo, la pregunta de fondo persiste: ¿qué tipo de sociedad es aquella que responde a la pobreza con encierro?
