La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito ha puesto un freno definitivo —al menos por ahora— a uno de los esfuerzos más polémicos de Donald Trump: poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. En una decisión que reafirma la solidez constitucional de la Enmienda 14, el tribunal ha declarado inconstitucional la orden ejecutiva impulsada durante el mandato del expresidente republicano, la cual pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos nacidos en suelo estadounidense de padres inmigrantes indocumentados.
Este fallo no solo es un golpe jurídico a una de las promesas más radicales del trumpismo, sino también un recordatorio contundente de que los pilares fundacionales del país —como el derecho de nacimiento establecido en 1868 para garantizar ciudadanía plena a los hijos de antiguos esclavos— siguen vigentes y protegidos frente a impulsos políticos de corte nativista.
La corte consideró que el intento de modificar el alcance de la Enmienda 14 por medio de una orden ejecutiva excedía los poderes del Ejecutivo. En palabras del tribunal, “el presidente no puede reinterpretar unilateralmente disposiciones constitucionales fundamentales que han sido afirmadas durante más de un siglo por jurisprudencia clara y consistente”. La referencia más directa apunta al precedente del caso United States v. Wong Kim Ark (1898), en el que la Corte Suprema estableció que todo niño nacido en territorio estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres, es ciudadano por nacimiento.
Para millones de personas —especialmente familias migrantes de América Latina y Asia— este fallo ofrece un respiro. No se trata solamente de un tecnicismo legal, sino de la reafirmación de una promesa americana: el derecho a pertenecer, a tener identidad jurídica, a no heredar la ilegalidad como una condena perpetua.
La medida impulsada por Trump fue ampliamente rechazada por defensores de derechos civiles, académicos constitucionalistas y múltiples líderes religiosos, empresariales y comunitarios. Argumentaban que abrir la puerta a la reinterpretación del derecho de nacimiento ponía en riesgo no solo a los recién nacidos de padres indocumentados, sino a la estabilidad de una ciudadanía construida sobre el principio del jus soli, el derecho del suelo.
Más allá del impacto inmediato, este fallo tiene resonancia política en un año de elecciones presidenciales donde la inmigración —una vez más— será usada como arma de campaña. La retórica de Trump y sus aliados insiste en vincular la migración con la inseguridad, la “pérdida de identidad” y el agotamiento de recursos públicos, mientras ignora sistemáticamente el papel vital que millones de migrantes desempeñan en la economía, la cultura y el tejido social del país.
Al blindar el derecho de nacimiento, la Corte no solo frena un intento de desnaturalización masiva, sino que también fija límites claros al alcance del poder presidencial. Es, en cierto sentido, una reafirmación de que ni siquiera la política más agresiva puede reescribir la Constitución por decreto.
En medio del ruido electoral, este fallo también eleva la conversación: no se trata únicamente de política migratoria, sino del modelo de nación que Estados Unidos quiere seguir siendo. Un país fundado sobre la idea de que todos los nacidos en su suelo tienen derecho a llamarlo hogar, sin asteriscos, sin condiciones, sin miedo.
