Montevideo celebró recientemente el lanzamiento de su nuevo pasaporte como un hito tecnológico y diplomático. Sin embargo, lo que prometía ser un salto hacia la modernización se ha transformado, para muchos uruguayos en el exterior, en un obstáculo inesperado. Desde su emisión en junio de 2025, el nuevo pasaporte electrónico —equipado con chips biométricos y un diseño vanguardista— ha comenzado a generar problemas de validación en aeropuertos y consulados de al menos cinco países, incluidos Estados Unidos, España, Francia, Brasil y Argentina.
Las fallas no son de forma, sino de fondo. Autoridades migratorias extranjeras han reportado dificultades para leer el chip incorporado en el documento, provocando retrasos en los controles, necesidad de verificaciones manuales y, en algunos casos, la retención temporal de viajeros en puestos fronterizos. Algunos sistemas no han sido actualizados a tiempo para reconocer el nuevo código de serie o el formato del chip uruguayo, lo que ha derivado en un limbo burocrático que pone en entredicho la promesa de “facilitar la movilidad global” con la que fue presentado este documento.
El Ministerio del Interior de Uruguay ha reconocido los inconvenientes y atribuido el problema a un “desfase de homologación internacional”, asegurando que se trata de un proceso técnico que requiere tiempo y coordinación bilateral. Pero mientras se ajustan los protocolos, los ciudadanos pagan el precio. Estudiantes, empresarios y turistas uruguayos han compartido testimonios en redes sociales sobre experiencias frustrantes en migración, que incluyen interrogatorios innecesarios, largas demoras e incluso embarques perdidos.
El problema ha escalado lo suficiente como para activar gestiones diplomáticas urgentes. La Cancillería uruguaya ha iniciado conversaciones con sus pares en los países afectados para acelerar la integración del nuevo documento en sus sistemas. No obstante, expertos en documentación internacional advierten que este tipo de “lagunas de reconocimiento” son comunes con los pasaportes de nueva generación, y que puede tomar meses, incluso más de un año, normalizar completamente la interoperabilidad global.
Paradójicamente, el nuevo pasaporte fue diseñado justamente para mejorar la imagen de Uruguay como un país confiable, seguro y alineado con los estándares más altos de identificación. Su chip biométrico, sus filtros antifalsificación y su integración con bases de datos de seguridad internacionales lo colocan entre los más sofisticados del continente. Pero la tecnología, por sí sola, no garantiza aceptación automática. Hace falta diplomacia preventiva, pruebas piloto extensivas y una estrategia de implementación gradual más sólida.
Por ahora, el gobierno ha instado a los ciudadanos que viajen en los próximos meses a verificar con antelación si el nuevo pasaporte será reconocido en el país de destino. En paralelo, se ha reactivado temporalmente la opción de emitir pasaportes anteriores en casos de urgencia, una medida que, si bien es transitoria, refleja la magnitud del contratiempo.
Lo que está en juego no es solo la funcionalidad de un documento oficial, sino la confianza de una ciudadanía que espera que sus derechos no se vean limitados por fallas en la ejecución de una política pública. El pasaporte es, en muchos sentidos, la puerta de entrada a un mundo cada vez más interconectado. Y si esa puerta se atasca, no importa cuán moderno sea el cerrojo: el viaje se detiene.
