En una decisión que reconfigura la relación entre aerolíneas y usuarios, la Administración Trump anunció este 4 de septiembre de 2025 —a través del Departamento de Transporte (DOT)— la retirada de una propuesta impulsada por la anterior gestión de Biden, que habría obligado a las aerolíneas a compensar con efectivo y servicios a los pasajeros afectados por cancelaciones o demoras atribuibles exclusivamente a la compañía. La idea preveía pagos desde 200 hasta 775 dólares, además de alojamiento, comida y reubicación sin costo adicional.
La justificación oficial alude a que dicha medida excedía las prioridades administrativas actuales y se alineaba mal con los principios de desregulación. El DOT subrayó que seguirá cumpliendo únicamente aquellas garantías expresamente ordenadas por el Congreso, evitando lo que definió como “requisitos extralegales”.
La industria aérea celebró la medida. "Nos alienta que el DOT revise regulaciones innecesarias y gravosas", declaró la asociación Airlines for America, en representación de las principales aerolíneas. El argumento sostenido es que imponer compensaciones obligatorias elevaría los costos operativos y con ello los precios de los boletos.
Enfrente, defensores de los consumidores y figuras del gobierno anterior criticaron con dureza la decisión. El ex secretario de Transporte Pete Buttigieg denunció públicamente la reversión, apuntando que un exlobbista de aerolíneas lidera ahora el DOT. Expertos como William McGee, del American Economic Liberties Project, recordaron que este tipo de regulaciones han estado vigentes casi dos décadas en Europa y han probado reducir retrasos y cancelaciones.
América Latina, donde la conectividad aérea es vital y las normas de protección al pasajero suelen ser más limitadas, observa esta orientación con preocupación. En un contexto donde los viajeros enfrentan aerolíneas que operan con márgenes reducidos y alta presión financiera, esta situación deja aún más expuestos a los consumidores ante disrupciones en sus vuelos.
El riesgo es tanto simbólico como práctico: quita fortaleza al pasajero en su interacción con aerolíneas, profundizando una tendencia global hacia políticas que favorecen la flexibilidad del mercado por sobre la equidad del consumidor. Este retroceso deja una enseñanza clara: sin marcos normativos sólidos, las promesas de atención al usuario pueden volverse volátiles. Aquí, más que nunca, el pasajero necesita que las leyes lo respalden sin tibiezas.
