Un escándalo político sacude Buenos Aires: filtraciones de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), apuntan a que Karina Milei —hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia— recibió sobornos ligados a contratos farmacéuticos. Las grabaciones, que surgieron justo antes de elecciones provinciales decisivas, no solo emplazan al gobierno sobre acusaciones serias, sino que desnudan contradicciones en su discurso anticorrupción.
Spagnuolo menciona porcentajes del 3 al 4 por ciento como retorno (“kickbacks”) sobre el precio de los contratos, y asegura que Karina Milei formaba parte del esquema, junto con otros funcionarios, incluidos el asesor “Lule” Menem. Ante la gravedad, el gobierno despachó medidas rápidas: el relevo de Spagnuolo, allanamientos a Suizo Argentina, la distribuidora farmacéutica implicada, y una medida judicial que prohibió la difusión de audios grabados en el interior de la Casa Rosada.
Aunque los audios se filtraron vía medios como Carnaval, y plantean implicaciones jurídicas sustanciales, no hay todavía una confirmación independiente de todos los elementos que Spagnuolo afirma. El gobierno los ha calificado de falsos, producto de una operación de inteligencia política. Esa denuncia incluye acusaciones contra cuyos orígenes podrían encontrarse actores tanto internos como externos al poder.
El momento de la filtración no es casual. Llega cuando la popularidad de Javier Milei, construida bajo la bandera de la ruptura con los mismos vicios que acusa al establishment, convive con promesas de transparencia rígida. La contradicción entre esa narrativa y las revelaciones de los audios golpea fuerte en la percepción pública, precisamente en tiempos electorales que demandan credibilidad.
Además, la judicialización del escándalo —orden de allanamientos, decomiso de dispositivos electrónicos, bloqueo legal de medios— ha generado alarmas entre defensores de la libertad de prensa, quienes ven en estas medidas signos de censura previa y de uso político de instituciones estatales.
Si bien Milei ha negado directamente las acusaciones, su gobierno enfrenta una encrucijada: sin una explicación creíble y transparente, los audios podrían dejar de ser una denuncia aislada para convertirse en una herida profunda en su legitimidad. Argentina, en este momento, está observando no solo quién habla —los filtradores, los acusados—, sino cómo reaccionan los poderosos. En ese espacio se juega el futuro político de Karina Milei, pero también el de una presidencia que prometía limpiar el sistema y que hoy ve su propia sombra de corrupción.
