La decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de ordenar el fin de la empresa conjunta entre Delta Air Lines y Aeroméxico marca un giro abrupto en la política de aviación comercial entre los dos países, y plantea interrogantes urgentes sobre quién gana —y quién pierde— en el nuevo escenario. A partir del 1 de enero de 2026, esa alianza estratégica, vigente durante casi una década, deberá ser disuelta, por considerarse que perpetúa desigualdades competitivas en el mercado de rutas entre los Estados Unidos y la Ciudad de México.
El origen jurídico del mandato radica en la revocación de la inmunidad antimonopolio que permitía a ambas aerolíneas coordinar precios, frecuencias y capacidad de vuelos. Aquella inmunidad fue concedida en 2016, bajo condiciones que ahora el DOT considera caducas o violadas por prácticas del gobierno mexicano, como la asignación de franjas de despegue y aterrizaje (“slots”) en el Aeropuerto Internacional Ciudad de México, que favorecerían a Aeroméxico frente a otras compañías.
Delta respondió mostrando su decepción, advirtiendo que la decisión perjudicará comunidades, empleo y consumidores entre los dos países. Asegura que muchas rutas podrían cancelarse, y que permisos operaciones compartidas, así como beneficios para viajeros frecuentes, resultarán afectados. Aeroméxico, por su parte, lamentó que se haya pasado por alto el valor del acuerdo en términos de conectividad y turismo.
No obstante, la resolución no implica una ruptura absoluta: las aerolíneas podrán mantener algunos aspectos cooperativos como códigos compartidos (“codeshares”) y beneficios mutuos para los miembros de sus programas de viajero frecuente. Delta tampoco está obligada a deshacerse de su participación accionaria en Aeroméxico, estimada en un 20 %.
La medida tiene varios efectos colaterales que preocupan: la posibilidad de alzas de tarifas, reducción de capacidad en rutas específicas, afectación a la oferta de vuelos entre ciudades medianas, pérdida de empleos vinculados con esos servicios y quizás un impacto adverso en el turismo.
Desde la perspectiva regulatoria, la acción del DOT es parte de una estrategia mayor para confrontar lo que considera “intervenciones de mercado” del gobierno mexicano que distorsionan la competencia y limitan la entrada o expansión de otras aerolíneas.
Para los usuarios, la pregunta clave es cómo se traducirán estos cambios: si la desconsolidación generará pérdidas de horarios, conexiones o confort, o si como aseguran las aerolíneas, los servicios continuarán con normalidad al menos en lo más esencial. Finalmente, habrá que ver si México responde con políticas que corrijan los desequilibrios denunciados, para evitar que esta ruptura signifique un paso atrás en el acceso aéreo internacional, no solo una redistribución de poder entre empresas.
Este pulso entre regulación, competencia y conectividad redefine los cielos compartidos entre México y los Estados Unidos. Lo que estaba pactado como cooperación mutua —y hasta beneficio recíproco— hoy se debate en tribunales y ministerios, con consecuencias reales para pasajeros, economía y relaciones internacionales.
