Ricardo Salinas Pliego, uno de los magnates más polémicos de México y Presidente de TV Azteca, evitó una orden de arresto en Estados Unidos tras depositar una fianza de 25 millones de dólares, en el marco de un litigio con AT&T por una supuesta deuda de sus empresas heredada de la compra de Iusacell.
La disputa judicial involucra reclamos de AT&T respecto a obligaciones fiscales que exigieron que Salinas respondiera ante una corte de Nueva York. La jueza Andrea Masley fijó el límite de pago para impedir que Salinas fuera trasladado al penal de Rikers.
Esta jugada no solo le permite mantener su libertad provisional mientras se define el litigio, sino que también envía una señal contundente a los mercados y actores legales: Salinas no está dispuesto a ceder sin defender su posición. En México, este episodio se suma a una extensa agenda de demandas fiscales, controversias con medios que controla y acusaciones cruzadas entre él y el gobierno.
Lo que está en juego va más allá del monto: se trata de la credibilidad del sistema judicial bilateral, del riesgo de que personas con poder y recursos puedan eludir sanciones y del efecto en la imagen pública de un hombre que ha construido su emporio empresarial entre la controversia y la admiración.
Este caso apenas comienza, y el futuro de Salinas Pliego dependerá tanto de su capacidad para resistir legalmente como de cuánto desgaste mediático y político esté dispuesto a asumir. La fianza es un espejismo de salvación, pero la batalla real se librará en las cortes.
