En un momento de polarización extrema y crisis institucional, los aeropuertos de Miami y Fort Lauderdale han decidido no transmitir un video del gobierno de Donald Trump con un mensaje explícitamente político. El video, protagonizado por la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, acusa directamente a los demócratas del cierre de gobierno y señala impactos en las operaciones de la TSA.
La decisión tomada por las autoridades aeroportuarias locales marca una tensión inusual entre el poder federal y los espacios públicos de transporte: el contenido no corresponde a los habituales anuncios sobre seguridad o procedimientos, sino que adopta un tono partidista. Por ello, MIA justificó la medida diciendo que seguiría emitiendo únicamente videos sobre el “Real ID” —información práctica para el viajero— en coherencia con las políticas del condado de Miami-Dade. Por su parte, FLL argumentó que su política de publicidad prohíbe mensajes políticos dentro de sus instalaciones.
Este episodio sitúa un nuevo foco de debate: ¿pueden los espacios públicos esenciales convertirse en plataformas de propaganda política? Un principio básico de administración pública obliga a mantener la neutralidad en entornos donde concurren ciudadanos con diversas afiliaciones políticas. En EE. UU., existe el Hatch Act, una ley que limita la actividad política de empleados federales y prohíbe el uso de recursos públicos para comunicación partidista. Muchos operadores aeroportuarios interpretan que el video de Noem podría cruzar esa línea legal.
Más allá del marco jurídico, la negativa revela un cálculo político al más alto nivel. Noem buscaba que su mensaje, difundido desde el poder federal, llegara directamente al público que transita por esos espacios: usuarios que podrían sentirse afectados por demoras, interrupciones o tensión laboral de los agentes de seguridad. Pero los aeropuertos respondieron con una presunción constitucional: ese mensaje no pertenece al espacio institucional que custodiar.
La medida también refleja una batalla simbólica: mientras el gobierno federal clama por visibilidad y culpabiliza al Congreso por la paralización, los gobiernos locales desafían esa estrategia. En el sur de Florida —un bastión demográfico y político clave— esta negativa se convierte en un gesto de autonomía institucional frente a un Ejecutivo que ha buscado expandir su presencia discursiva hasta los terminales.
En el fondo, esta disputa no es solo por un video: es por quién controla la narrativa del cierre de gobierno. Cuando el poder político trata de llegar a los ciudadanos usando espacios donde la gente no espera política sino servicios, la reacción institucional —como la de estos aeropuertos— recuerda que la vigilancia sobre el discurso oficial también puede comenzar en los pasillos del viaje cotidiano.
