El sábado pasado, una multitud se extendió desde el corazón de la ciudad de Nueva York hacia cada rincón de Estados Unidos: más de siete millones de personas participaron en manifestaciones bajo el lema “No Kings”, en un rechazo masivo a lo que perciben como una deriva autoritaria del mandato de Donald Trump. Las protestas, que abarcaban desde Times Square hasta Miami y Los Ángeles, fueron organizadas en más de 2.500 ciudades, con despliegue de la Guardia Nacional en varios estados en previsión de incidentes.
La escena en Nueva York fue una mezcla de explosión colectiva y ritual ciudadano: miles de pancartas proclamaban “Democracy, not Monarchy” (“Democracia, no Monarquía”) mientras gigantes inflables representaban la figura de Trump como bebé de tiritona, un símbolo que se volvió viral. En Washington D.C. y otras capitales estatales, la presencia fue igualmente multitudinaria. Lo notable es que, pese al tamaño y la intensidad, no se registraron arrestos importantes según la policía local.
El origen de las tensiones está en los últimos movimientos del gobierno de Trump: órdenes ejecutivas que han ampliado el poder presidencial, la movilización de tropas de Guardia Nacional a ciudades domésticas y una retórica agresiva contra sus críticos y opositores. Los participantes del “No Kings” denuncian que esas acciones cruzan los límites del equilibrio institucional y representan una amenaza real para la democracia estadounidense.
Uno de los manifestantes, el ingeniero jubilado Massimo Mascoli, declaró que su participación respondía al temor de que Estados Unidos esté replicando el camino político que observó en su Italia natal: “No podemos contar ya con el Congreso, no podemos contar con el gobierno… estamos luchando”, dijo. Este tipo de declaraciones resume el malestar de una parte importante de la ciudadanía que no encuentra respuestas en los cauces tradicionales de representación.
El uso de la Guardia Nacional, aunque en algunos casos simbólico, fue suficiente para demostrar que algunos gobiernos estatales no subestiman el riesgo de confrontación. Texas envió tropas de reserva, Virginia activó contingencias —aunque no hicieron presencia visible— y Kansas, entre otros, entró en alerta. Esto sugiere que la movilización no es sólo una teoría conspirativa sino una preocupación compartida por instituciones locales.
Más allá del número de manifestantes, lo que se pone en escena es un choque de narrativas: un bando sostiene que las medidas de Trump son necesarias para restituir un país en crisis; la otra, que esas medidas son el preludio de una autocracia disfrazada de orden. El hecho de que millones hayan salido a la calle con esa convicción plantea una encrucijada para la Unión: ¿un presidente fuerte o un presidente sin fronteras institucionales?
Lo que ocurrió el sábado quedará como un hito en la memoria colectiva de Estados Unidos: no sólo por la escala, sino por el signo político. Nunca antes en las últimas décadas se había visto una movilización de esa magnitud con un lema que directamente cuestiona la legitimidad de un mandatario al sugerirle rasgos monárquicos. Esa palabra —“Rey” o “King”— en el contexto estadounidense, donde la república se funda en la separación de poderes, suena tan tabú como insurreccional.
El reto para las próximas semanas estará en las respuestas institucionales. ¿Cómo reaccionará la Casa Blanca? ¿Qué hará el Congreso? ¿Dónde colocarán los gobernadores estatales su lealtad: con el Ejecutivo federal o con los reclamos de quienes salieron a la calle? La legitimidad de un gobierno no descansa apenas en elecciones; se nutre del reconocimiento cotidiano de sus ciudadanos.
La pregunta final es clara: cuando millones declaran en voz alta que no quieren reyes, sino democracia, ¿será escuchada la voz de la calle o la convertirá el poder en eco retórico? En un momento en que la república se siente amenazada por sus propios actores, la movilización del sábado actúa como un aviso: la paciencia ciudadana tiene límites, y la democracia deja de funcionar sin reconocimiento.
