Lo que comenzó como una oportunidad para que los viajeros vivieran “como locales”, hoy se ha convertido en un fenómeno que reconfigura barrios, encarece rentas y desarraiga comunidades enteras. En el epicentro de esta transformación: Airbnb. La popular plataforma de hospedaje enfrenta una creciente ola de críticas en la Ciudad de México, donde su auge ha acelerado un proceso de gentrificación que, para muchos, ya es irreversible.
Colonia Roma, Condesa, Juárez y Centro Histórico son algunas de las zonas más codiciadas por turistas extranjeros, nómadas digitales y propietarios de departamentos que ven en el alquiler temporal una fuente más lucrativa que los contratos tradicionales. El resultado: una explosión de anuncios en Airbnb, acompañada de un aumento drástico en los precios de renta y una progresiva expulsión de los residentes originales. Según datos del portal Inside Airbnb, tan solo en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo existen más de 20 mil alojamientos registrados en la plataforma, muchos de ellos operados por empresas o particulares con múltiples propiedades. Esto ha provocado una “uberización” del mercado inmobiliario: viviendas que antes albergaban familias locales ahora funcionan como hoteles encubiertos.
La llegada de nómadas digitales —principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa— ha inyectado capital a la economía local, pero también ha disparado los precios. En algunos barrios, la renta promedio ha subido hasta un 30% en los últimos tres años, obligando a miles de capitalinos a buscar vivienda en zonas periféricas o incluso abandonar la ciudad. “Ya no puedo pagar lo que me piden por un departamento donde viví diez años”, cuenta Mariana, profesora de secundaria que tuvo que mudarse a Iztapalapa tras ser desalojada de un edificio que fue reconvertido en Airbnb. “Ahora todo está pensado para los extranjeros. Nosotros ya no cabemos aquí”.
En octubre de 2022, la Ciudad de México anunció una polémica alianza con Airbnb y la UNESCO para promover la capital como destino para nómadas digitales. El acuerdo, lejos de calmar las aguas, encendió aún más las alarmas entre urbanistas, activistas por la vivienda y organizaciones vecinales, quienes denunciaron que se estaba institucionalizando la gentrificación. Hasta el momento, la regulación es difusa. No existe un marco normativo claro que limite el número de propiedades que una persona o empresa puede ofrecer en plataformas digitales, ni mecanismos eficientes para fiscalizar la actividad. Mientras tanto, los efectos en el tejido social son cada vez más visibles: vecindarios enteros que pierden su identidad, pequeños comercios tradicionales reemplazados por cafés hipster, y edificios residenciales convertidos en zonas turísticas.
La discusión va más allá de una plataforma. Lo que está en juego es el derecho a la ciudad. ¿Quién puede habitarla? ¿Quién define su uso? ¿Y quién queda fuera? La gentrificación impulsada por Airbnb ha revelado la fragilidad de los sistemas urbanos frente a la lógica del mercado global y la falta de políticas de vivienda que protejan a los residentes. Mientras la Ciudad de México sigue proyectándose como capital cosmopolita, creativa y conectada, decenas de miles de habitantes enfrentan un dilema crudo: quedarse y resistir en condiciones cada vez más difíciles, o marcharse y ceder el espacio a una economía pensada para otros. El fenómeno no es exclusivo de la capital mexicana. Se repite en Barcelona, Lisboa, Buenos Aires y Medellín. Pero en el caso chilango, con sus históricas desigualdades y su densidad urbana crítica, el problema adquiere un tinte urgente. La Ciudad de México está cambiando de rostro. La pregunta es si lo hace para todos, o solo para quienes pueden pagar la estadía.
