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La condena de Álvaro Uribe Vélez marca un antes y un después en la historia política de Colombia. El expresidente, figura dominante del uribismo y uno de los líderes más influyentes del siglo XXI en América Latina, ha sido hallado culpable por la justicia colombiana de fraude procesal y manipulación de testigos, en una decisión sin precedentes para el país.
El fallo, anunciado este 1 de agosto por un tribunal de Bogotá, culmina un proceso judicial que ha sacudido los cimientos del poder político colombiano durante más de una década. Lo que comenzó como una denuncia cruzada entre Uribe y el senador Iván Cepeda en 2012, escaló con el tiempo hasta convertirse en uno de los casos más emblemáticos sobre el uso de la justicia con fines políticos y el abuso del poder. La sentencia no solo representa una derrota personal para Uribe, sino también una herida profunda para su legado y su movimiento político, que gobernó el país durante ocho años y moldeó la política de seguridad con mano dura.
La corte consideró probado que Uribe y su entorno intentaron influir en varios testigos clave para cambiar sus declaraciones, algunos de los cuales habían vinculado al expresidente con estructuras paramilitares. El caso fue investigado por la Corte Suprema de Justicia y luego pasó a la Fiscalía tras la renuncia de Uribe al Senado en 2020, en un intento por cambiar el fuero judicial. Sin embargo, ni su prestigio ni su historial de popularidad lograron blindarlo del peso de las pruebas ni del escrutinio judicial.
La condena genera reacciones encontradas en una sociedad polarizada. Para algunos, representa una victoria de la institucionalidad y un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien fuera considerado “el salvador de Colombia” durante los años más oscuros del conflicto armado. Para otros, se trata de una persecución política impulsada por sectores contrarios al uribismo, en un país donde la justicia suele estar contaminada por intereses cruzados.
Más allá de la figura de Uribe, el caso reabre viejas heridas nacionales: la relación entre el Estado y los grupos paramilitares, los límites del poder presidencial, el papel de la justicia en tiempos de transición y el futuro de un movimiento político que ha sido central en el discurso de derecha de la región. Con esta sentencia, Colombia se suma a la lista de democracias latinoamericanas que han visto a sus expresidentes enfrentarse a los tribunales, un fenómeno que refleja tanto la fragilidad como la resistencia de sus instituciones.
Álvaro Uribe, el hombre que combatió la guerrilla con férrea determinación, que desafió a Hugo Chávez y que dejó la presidencia con altos índices de aprobación, ahora deberá enfrentar su capítulo más difícil: el del juicio histórico. Uno que no se mide solo en años de condena, sino en el impacto moral y político que deja sobre un país que aún busca reconciliarse con su pasado.
