El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración Trump y el Departamento de Seguridad Nacional, ha decidido poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de inmigrantes de varios países, incluyendo Honduras, Nicaragua, Nepal y Venezuela. Esta medida, que afecta a aproximadamente 400,000 personas en total, con 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses específicamente, ha generado gran incertidumbre y críticas. El TPS, creado en 1990, ha sido un salvavidas para comunidades golpeadas por desastres naturales o inestabilidad, pero su carácter temporal ha sido una fuente constante de tensión política.
La administración argumenta que las condiciones extraordinarias que motivaron las designaciones originales ya no existen, especialmente en Honduras y Nicaragua, que recibieron el TPS en 1999 tras el huracán Mitch. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y expertos en migración cuestionan esta evaluación, señalando la inestabilidad actual en muchos de estos países, como la represión política en Venezuela. La decisión obliga a los afectados a salir del país en un plazo de 60 días, ofreciendo un boleto aéreo y un subsidio de $1,000.
La medida ha provocado una fuerte reacción política, con legisladores demócratas calificándola de “traición humanitaria” y republicanos viéndola como un paso hacia la “restauración del orden migratorio”. Más allá del impacto social, la eliminación del TPS tiene profundas implicaciones económicas. Según JPMorgan, esto pone en riesgo la participación de 1.1 millones de trabajadores (0.8% de la fuerza laboral estadounidense), lo que podría desacelerar el PIB, causar escasez de mano de obra y alzas salariales repentinas en sectores clave como la agricultura, la construcción y la hospitalidad.
Miles de inmigrantes que han construido sus vidas en EE.UU. por más de una década, con familias e hijos ciudadanos estadounidenses, se enfrentan ahora a decisiones imposibles: separarse de sus hijos, dejar sus empleos o vivir sin estatus legal. Organizaciones como la National TPS Alliance han presentado demandas alegando que la decisión es arbitraria, no considera la inestabilidad y podría estar motivada por sesgos raciales. Aunque algunas cortes ya han frenado el fin del TPS para venezolanos y haitianos, la batalla legal para hondureños y nicaragüenses apenas comienza. Esta decisión no es solo una política migratoria, sino un cambio estructural con consecuencias sociales, económicas y legales que van más allá de las cifras, poniendo a prueba los límites de la compasión política y la comunidad internacional.
