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El nuevo impuesto propuesto por Donald Trump a las remesas, con un cargo adicional de entre 5% y 10% para los migrantes indocumentados, representa una amenaza significativa para las economías de América Latina. Millones de familias en la región dependen de estas remesas, que en países como Honduras o El Salvador pueden constituir hasta el 25% del PIB. En 2023, América Latina recibió más de 160 mil millones de dólares, con México captando cerca de 63 mil millones. Los remitentes son en su mayoría trabajadores indocumentados en sectores esenciales, cuyo esfuerzo sostiene a sus familias.
La medida busca presionar para reforzar el control fronterizo y reducir la inmigración irregular, pero su impacto directo sería un castigo económico para los más vulnerables. Gravar estas transferencias podría llevar a las familias a reducir su consumo, aumentar su dependencia del crédito informal o caer en la pobreza extrema.
Organismos multilaterales, ONGs y asociaciones de migrantes han alzado la voz, calificando el impuesto como una forma de violencia económica. Además, economistas y defensores de derechos humanos en Estados Unidos advierten que podría empujar a los migrantes hacia canales informales de envío de dinero, aumentando los riesgos de fraude y lavado de dinero. Más allá de las cifras, la propuesta de Trump afecta la vida de millones de personas que dependen de estas remesas para necesidades básicas. De convertirse en ley, América Latina enfrentaría un alto costo, no solo económico, sino también en sueños truncados y proyectos familiares paralizados, en un contexto donde penalizar las remesas significa cerrar una válvula de oxígeno a países que ya enfrentan diversas crisis.
